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El rol del Estado en las concesiones en Salud.

Por Nilza De la Parra Crisóstomo.

Dirigenta Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (FEDEPRUS).

Integrante del Cabildo Las Campanas - La Reina.

 

 

 

 

 

El sistema de concesiones en salud ha sido nefasto. La nueva Constitución  establecerá como responsabilidad del Estado cumplir su rol regulador, supervisor y fiscalizador de las instituciones públicas y privadas que entregan salud.

 

El concepto de “concesiones” aparece durante la Dictadura en forma incipiente. Sin embargo, es a partir de los años noventa cuando los gobiernos de la Concertación dan un impulso a la llamada Ley de Concesiones (1996), liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección General de Concesiones.  Usando diferentes mecanismos como las modificaciones regulatorias (mejoras en el acceso a nuevos derechos en sus inversiones, mayor resguardo ante eventos adversos, protección bancaria, renegociaciones, entre otros) es que se les permite a los privados ampliar sus áreas de operaciones para el Estado.

 

A partir del gobierno de Ricardo Lagos se plantea que son susceptibles de concesiones las áreas sociales del Estado como es SALUD. Y ya no sólo en infraestructura pública, sino que se agregan las áreas de mantención y operación a las concesiones. Si bien a fines del 2010 se introducen mejoras legales (comisiones revisoras, garantías mínimas, sanciones ante incumplimientos), estas medidas no han logrado revertir el objetivo de lucro por parte de los privados y por sobre todo se ha continuado el desmantelamiento de las facultades del Estado en estas materias.

 

Uno de los graves problemas del modelo de concesiones en salud es la ausencia del Ministerio de Salud, de los servicios de salud y de los propios hospitales en la toma de decisiones en los contratos con los privados. La gestión al interior de los hospitales concesionados se burocratiza, es de un alto costo, precariza los contratos de las/os trabajadoras/es, además de una limitada gestión por parte del Estado para revertir dicha condición.

 

La experiencia en estos años de incorporar el sistema de concesiones para lograr el derecho social a la SALUD ha sido nefasto para el país. La llamada alianza público-privada es una privatización encubierta que profundiza el desequilibrio en el derecho a la salud entre ciudadanos/as y se ha convertido, sin duda, en un nicho para la generación de negocios con altas ganancias para el mundo privado y un deterioro continuo en la calidad de salud entregada a la población.

 

El sistema de concesiones carece de una mirada sanitaria en la construcción y ejecución de las actividades propias de salud. Solo a modo de ejemplo: ante una necesidad urgente de reconvertir camas, existe una burocracia que no permite actuar con la urgencia sanitaria requerida, poniendo en riesgo extremo la atención de salud.

 

Nuestro sistema de salud cuenta con indicadores que permiten medir áreas críticas para la continuidad de atención en un establecimiento, por ejemplo, la contaminación, infecciones por falla en el servicio de aseo, ropería, servicio de alimentación, etc. Al monitorear estos indicadores en 2 hospitales concesionados en la Región Metropolitana (El Carmen y La Florida), los resultados arrojaron múltiples falencias en estas áreas: retraso en la repuesta a requerimientos clínicos, innumerables problemas en sus sistemas de ventilación, climatización, tratamiento de aguas, entre otros problemas tan sensibles para dar una atención segura y de calidad.

 

La experiencia de varios años en países europeos no muestra evidencia de una mejor gestión de empresas privadas versus la gestión pública en materia de salud. Experiencias de más de 10 años en Gran Bretaña con el modelo de concesiones demuestran que no es la mejor opción y han comprometido la calidad de la atención de las y los usuarias/os, desprofesionalización de las atenciones y para el Estado no ha significado una liberación de recursos para otros requerimientos sociales. En paralelo las empresas privadas aseguran altos márgenes de ganancia en desmedro de una atención de salud segura y de calidad.

 

Se quiere avanzar en un marco regulatorio riguroso, que ponga límites a las excesivas rentabilidades a los privados, junto con ello es prioritaria una reforma en el financiamiento en salud, a través de un fondo único de salud, una reforma tributaria que devuelva la capacidad gestora del Estado en materia de derechos sociales para todas y todos las/os ciudadanas/os y reduzca al máximo su mercantilización. Se necesita avanzar en un modelo de salud solidario, participativo, integral con herramientas y recursos efectivos que den respuesta a las justas necesidades de la población.

 

Con la actual Constitución de 1980 el sistema de salud no tiene capacidad regulatoria frente a grandes inversiones privadas en un área extremadamente sensible como es la salud de la población.

 

En la nueva Constitución se establece como responsabilidad del Estado cumplir su rol regulador, supervisor y fiscalizador de las instituciones públicas y privadas que entregan salud. Será su deber velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Asimismo, una ley deberá determinar el órgano publico encargado de administrar los recursos, no sólo en el ámbito de la gestión sanitaria, sino en proveer la infraestructura, equipamiento y recurso humano adecuado para garantizar la salud de la población.  Por ello es imprescindible cambiar el rumbo del desmantelamiento y entregar las herramientas esenciales al Estado para avanzar en una salud y bienestar integral con calidad, seguridad y respeto.