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Para que nunca más en Chile.

Coral Pey G.

Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba, AMAT.

 

 

 

 

La ineficacia y laxitud del sistema de justicia transicional ha permitido que en Chile se haya dado curso a profundas vulneraciones a los derechos humanos por agentes del Estado, desde la Revuelta Popular de octubre 2019; y a la denegación de justicia a los y las presas políticas de la revuelta. Por otra parte, tras casi cuatro décadas de democracia, en la medida de lo posible, apenas más del 20% de los responsables de crímenes de lesa humanidad, reconocidos por el Estado, cumplen sentencia efectiva. Y sólo en 140 casos, de 1.169 víctimas de desaparición forzada, se ha establecido el destino final e identificado sus restos. En cuanto a las vulneraciones de la reciente crisis social, se han cerrado más de 3.000 causas por violaciones a los derechos humanos que debieron  ser investigadas por el Ministerio Público. 

 

En el Distrito 11, pese a tener el estigma de ser una zona de altos ingresos (lo que oculta la heterogeneidad de comunas como Peñalolén, La Reina e incluso Las Condes, en menor medida) y de traducirse sistemáticamente en adhesiones electorales mayoritariamente de derecha, existen lugares vinculados a violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de la dictadura. En algunos de ellos, y fruto de la movilización de vecinas y vecinos del sector desde fines de los 80, se han construido memoriales y sitios de memoria, como es el caso del Parque por la Paz en Villa Grimaldi (primer memorial construido en Chile y en América Latina); el memorial en Simón Bolívar (ex cuartel Lautaro) y la placita Horacio Cepeda- Alejandro Parada en La Reina. En otros, se han levantado campañas por la instalación de monumentos públicos que recuerden lo ocurrido: el memorial en el frontis del Aeródromo Tobalaba. En el mismo sentido, hay lugares reconocidos por organizaciones locales y vecinales relacionados a crímenes de lesa humanidad, la plaza Mártires de Lo Hermida, en Peñalolén y la plaza de la Resistencia, en Villa La Reina. Y, finalmente, existen en otras comunas del distrito 11 lugares vinculados a estas vulneraciones, que también merecen ser reconocidos legalmente: la Escuela Militar y la residencia en Tomás Moro del presidente Allende, ambos en Las Condes.

 

De ahí la importancia de impulsar y de anclar en el territorio, una agenda transversal de enfoque en Derechos Humanos.que reconozca su carácter dinámico, universal e indivisible. Y que incluya propuestas legales para una política de Estado en materia de Verdad, Justicia, Memoria y Garantías de No Repetición. En términos concretos, se propone el impulsar iniciativas como:  

 

• Instalación de sitios de memoria con estatus de ley en todos los lugares del territorio nacional en dónde se cometieron violaciones de derechos humanos. A su vez, se deben proteger los sitios de Memoria existentes (dados los atentados del último tiempo), entendiendo estos monumentos como patrimonio humano histórico, y sancionar penalmente las eventuales agresiones a estos sitios de memoria.
• Término de los pactos de silencio sobre el alcance de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y del presente: derogación de los artículos de ley que impusieron el secreto por 50 años, así como la creación de mecanismos que permitan un mayor acceso a los archivos, con criterios públicos y transparentes.
• Incorporación en la legislación nacional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o rebajas de condenas.
• Impulsar al proyecto de indulto general a todos y todas las presas de la rebelión de octubre e inclusión de estándares internacionales en la legislación nacional como garantía de no repetición de la represión y criminalización del movimiento social. 
• Elaboración de un proyecto legal que establezca sanciones efectivas y penales frente a las distintas formas de negacionismo existentes en el país, mediante la promulgación de medidas constitucionales al respecto.
• Eliminación de símbolos públicos que reivindiquen la dictadura, así como a sus ejecutores, y a crímenes de lesa humanidad. Ello, como señal política de cultura democrática y de derechos humanos.
• Promover una Iniciativa legal para acusar constitucionalmente a Piñera por su responsabilidad política en las graves, gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población durante la Revuelta Popular.

 

La Reina, abril de 2022