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Por un nuevo triunfo del Apruebo.

Por Manuel Acevedo Álvarez.

Historiador y profesor.

 

 

 

 

 

Incluso antes que la Convención Constitucional entregara el texto definitivo, una buena parte de la campaña por el Apruebo ha estado centrada en desmentir la profusa ofensiva de quienes quieren mantener el estado de cosas más o menos igual. La tendencia general, no necesariamente articulada o pactada, ha consistido en contrarrestar la serie de fake news, las imprecisiones mal intencionadas y los llamamientos que nos advierten de la catástrofe constitucional que se nos avecinaría si llegásemos a aprobar la propuesta en el plebiscito de salida.

 

Esta manera contraofensiva de plantearse responde al intenso uso que hace el Partido del Orden de la enorme concentración de los medios de comunicación que dispone, cuya estrategia parece permear el debate ciudadano y hace temer por consiguiente que el Rechazo esté siendo una alternativa posible pese al contundente triunfo por el cambio constitucional del 2020.

 

La estrategia mencionada ha consistido en un ataque que comenzó el día uno del proceso constituyente y que ha estado dirigido hacia el desprestigio de convencionales con acusaciones de todo tipo, la mayoría falsas, pero todas exageradas.  Esto ocurrió mientras se estaba en pleno trabajo y, ahora que el texto está listo, levanta una serie de mentiras muy peligrosas para cualquier democracia.

 

A esta vía de los medios tradicionales y los ya sabidos francotiradores dispuestos a instalar información falsa repetida como mantra (incluso desde la señal de televisión pública), se suman los cuantiosos aportes de dinero que nutren el despliegue desinformador por las redes sociales y que ya vimos en las últimas elecciones y en el plebiscito de 2020.

 

Todo esto es cierto, pero no explica completamente que la “estrategia” del Apruebo se centre casi exclusivamente en desmentir a sus oponentes, incluso en temas a todas luces bizarros y que parecen adquirir una resonancia totalmente absurda si se consideran temas como por ejemplo la enorme inequidad de la realidad nacional en cualquiera de sus aspectos.

 

¿Por qué entonces pareciera que la balanza argumental se inclinara más a aplacar los miedos de la Derecha y de los grupos de poder que a instalar las distintas urgencias ambientales, la desigualdad, el agotamiento del sistema productivo y otras exigencias desde las que nace todo este desarrollo constituyente?

 

¿Será este fenómeno parte de un proceso que también se pudo observar en la propia Convención cuando ciertos referentes de la emergente participación popular independiente de los partidos, se desvanecieron rápidamente tras cometer algunos errores políticos, generando dudas de que el pueblo mismo pueda darse sus propios marcos constitucionales?

 

En otras palabras, ¿serán estos nada más que epifenómenos de procesos más complejos y profundos que han definido quiénes son los que pueden o no participar con todo derecho en la vida política?

 

Me parece que es imposible no considerar que pese a la revuelta social y popular de 2019 y de los anhelos de construir una verdadera democracia, estamos todavía (incluso los sectores que sin tener una mejor expresión llamamos “progresistas”) inmersos e inmersas en una forma “pastoril” de concebir la aproximación a la vida en común.

 

Es cierto que se han levantado discursos y prácticas emancipatorias nunca antes experimentadas en la vida política chilena, al menos no con la fuerza actual. Sin embargo, los titubeos de la Convención y la renuncia respecto de cuestiones como la nacionalización de la Gran Minería o el entusiasta aseguramiento del derecho de propiedad, pueden ser más que una cuestión de estrategia. Lo mismo puede observarse con algunos pasos en falso del gobierno en cuestiones sensibles como la reforma a Carabineros que ha pasado a la trastienda del programa y que va más allá de una cuestión de seguridad.

 

En otras palabras, lo mencionado y la “campaña” del Apruebo portan una falta de confianza en las oportunidades de emancipación toda vez que dejamos de creer en nuestras propias energías e inteligencias y en un sentido fuerte de igualdad. Más aún cuando una dolorosa historia, la realidad cotidiana de millones y sus graves problemas requieren que las transformaciones sean estructurales.

 

Pese a ello, la propuesta constitucional, especialmente en sus capítulos de Principios, Derechos Fundamentales y Medioambiente, así como en el de Participación Democrática, abre nuevos espacios para mejorar la realidad concreta de la población y dar cabida a una incidencia muchísimo mayor en la vida política. Es por esto que urge que cambiemos de enfoque comunicacional, para asegurar el triunfo de lo transitado.

 

Si el 1% y el 10% más rico de los chilenos tienen ingresos anuales promedio correspondientes al 26% y al 58,9% del PIB respectivamente, mientras que la mitad de la población más pobre recibe solo el 10% de dichos ingresos[1], ¿cómo es posible que se instale como urgencia aclarar que la propiedad sí está asegurada en el nuevo texto constitucional?

 

Si casi el 80 por ciento de la población se atiende a través de Fonasa, ¿podría ser un problema plantear el nuevo sistema integrado de salud sin asegurarles a quienes sí pueden pagar hoy por un sistema privado, que no se acabarán las clínicas mañana?

 

Si en Chile, antes de Chile incluso, existían diversos pueblos que pese a los distintos procesos de colonización y de genocidio aún perviven y que ni siquiera fueron consultados en la supuesta “integración al Estado”; si, junto con eso, es un hecho que existen realidades socioeconómicas y culturales radicalmente distintas que hacen poco plausible hablar de una sola nación, ¿por qué nos apresuramos a contrarrestar la idea de autonomías y de plurinacionalidad con los artículos que aseguran la unidad del Estado-Nación?

 

Basten estos ejemplos para comenzar a hablar con un énfasis diferente que no le asegure a los mismos de siempre que sus privilegios serán intocables; para que nos aboquemos a considerar las verdaderas energías de este proceso político inaugural y aclaremos de una vez que sí, que serán tocados en sus privilegios, no en todos, pero sí en algunos fundamentales que podrían dar al menos un respiro en ámbitos de los cuales dependemos todos, como por ejemplo la justicia ambiental y social que entreguen vida digna a la población.

 

Nunca en la historia republicana chilena se había logrado abrir un proceso constitucional participativo, democrático, pluralista y paritario en cuestión de género como en esta ocasión. Aquello ha sucedido pese a todas las trabas que desde la institucionalidad y el poder constituido se le ha impuesto al proceso mismo. Esta excepcionalidad se produjo cuando creímos verdaderamente en eso llamado soberanía popular, no en el poder de los expertos o en la tecnocracia. Y es justamente esta excepcionalidad, porque fue ampliamente democrática en su proceso como en sus resultados, la que debemos levantar como oportunidad única que difícilmente podremos construir nuevamente de resultar derrotadas y derrotados.

 

No lo permitamos.

 

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[1] World Inequality Report, 2022.